La Audiencia Provincial de Teruel condena a ocho personas a un total de 26 años de prisión por tráfico de drogas

La Audiencia Provincial de Teruel condenó este martes a un total de 26 años de prisión a ocho personas por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal que operaban en la zona del Jiloca y que residían en Monreal del Campo. La Guardia Civil se incautó de casi un kilo de cocaína en distintas intervenciones policiales cuando fue desarticulado este grupo en 2022 dentro de la operación Stipula. Estaba formado íntegramente por marroquíes excepto una mujer española que solo ha sido condenada como cómplice de un delito contra la salud pública.

La vista oral no tuvo que celebrarse al admitir todos los encausados los hechos que les imputaba la Fiscalía por traficar con sustancias estupefacientes. Al alcanzar un acuerdo de conformidad entre las partes se beneficiaron de una reducción de las penas de prisión solicitadas inicialmente, así como de las multas que en un principio había pedido el ministerio público.

A los siete integrantes del grupo criminal se les impuso una pena a cada uno de ellos de 6 meses de prisión por este delito, y de 3 años en cada caso por tráfico de drogas.  La mujer en cambio fue condenada solo a un año y medio de cárcel como cómplice de un delito contra la salud pública.

Tráfico de drogas

Inicialmente se pedía para todos ellos 4 años y seis meses por tráfico de drogas y un año y dos meses por pertenencia a grupo criminal, así como una multa de 100.000 euros para cada uno, que se vio reducida con la conformidad a 55.000 euros, con la excepción de la mujer, cuya multa se fijó en 2.000 euros.

El grupo criminal fue desarticulado a mediados de octubre de 2022 después de que la Guardia Civil desmantelara dos puntos de venta de droga en Monreal del Campo. En total hubo nueve detenidos y previamente se habían interceptado dos vehículos con 150 gramos de cocaína la primera vez, y 500 gramos de la misma sustancia después en un coche que procedía de Barcelona.

Las investigaciones de la Guardia Civil se habían iniciado a principios de ese mismo año, y después de cortar la línea de suministro se procedió a desarticular los puntos de venta, primero las dos viviendas que estaban vigiladas en Monreal del Campo. Con posterioridad se detuvieron más personas en Monreal del Campo y en Nules (Castellón).

En total, entre los vehículos y las viviendas, se incautaron 750 gramos de cocaína, 90 gramos de hachís y otras sustancias, así como 3.500 euros, básculas de precisión y distintos elementos para cortar la droga, dosificarla y prensarla.

En la operación participaron miembros del Equipo contra la Delincuencia Organizada (Edoa) de la Policía Judicial y del Equipo Roca de Calamocha. Fueron los que establecieron la vigilancia en las dos viviendas de Monreal del Campo tras recibir información de que podían tratarse de puntos de venta de droga.

Intervención

En otras fases de la operación también participaron agentes de seguridad ciudadana de la Compañía de Calamocha, el Usecic de Teruel, así como el Servicio Cinológico de la Guardia Civil de Zaragoza. Tras su detención fueron puestos a disposición judicial del Juzgado de Instrucción de Calamocha, que ordenó el ingreso en prisión provisional de seis de ellos, mientras que otros tres quedaron en libertad con cargos.

Los abogados pidieron ayer la suspensión de las penas privativas de libertad en todos los casos, a lo que no se opuso la Fiscalía, según indicaron los letrados, si bien deberá verse cada caso uno por uno. Si se les concede, no tendrán que ingresar en prisión, aunque deberán someterse a tratamientos de deshabituación y no podrán delinquir durante los próximos cuatro años, ya que si lo hiciesen ingresarían inmediatamente en la cárcel.

Los siete marroquíes reconocieron que integraban el grupo criminal y que se dedicaban a la venta de drogas. A ellos hay que sumar la mujer española condeda solo como cómplice de narcotráfico y que no formaba parte de la organización criminal.

Aunque en el momento de sus detenciones en noviembre de 2022 seis de ellos fueron enviados a prisión provisional a la espera de la celebración del juicio, actualmente solo uno de ellos continuaba ingresado en el centro penitenciario de Teruel.

A pesar de que hubo acuerdo  y no se celebró audiencia pública, por lo que la prensa no pudo acceder a la sala a tomar imágenes como es habitual, la resolución se demoró más de lo previsto porque faltaba un abogado para que todas las partes expresaran su conformidad. Durante la espera fuera de la sala, dos de los encausados pertenecientes al grupo criminal amenazaron a este medio de comunicación si sacaba imágenes aunque estuvieran de espaldas. Uno de ellos intentó incluso arrebatar sin éxito el móvil de este redactor. Este tipo de amenazas por parte de delincuentes a la prensa que cubre las informaciones de tribunales no son aisladas y se dan con cierta frecuencia.

La sentencia se dictó in voce y no podrá ser recurrida al haber reconocido su autoría los encausados y llegado a una conformidad con la Fiscalía.